Abogado exige a la ANI más de 33 mil millones de pesos
El pago de cerca de 33.000 millones de pesos por un predio que el Estado usó para hacer la malla vial del Valle se sigue enredando.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no solo considera excesivo el pago, sino irregular. Por eso, está a la espera de que, en la primera quincena de enero, se fije una audiencia para que un juez de garantías frene el desembolso hasta que se investigue penalmente a la jueza de Buga que lo avaló, Norella Acosta.
Pero el exfiscal Mario Iguarán, abogado de los dueños del predio –conocido como El Parador de Buga– asegura que el dinero debe ser girado de manera inmediata.
Además, que la audiencia que está pidiendo la ANI es improcedente porque la expropiación del bien y el monto del mismo ya quedaron en firme en fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
“Nadie nos ha notificado la medida cautelar, pero desde ya vamos a oponernos. La única vía jurídica que tenía la ANI era la tutela, fueron hasta la Corte Constitucional y allí una vez más nos dieron la razón”, explicó William Soto, socio de Iguarán. Y agregó que ante esas decisiones, en su criterio, ajustadas a derecho, están solicitando el pago.
Ambos abogados advirtieron que ellos representan al grupo de dueños y herederos –la familia Grajales– que no ha sido ni denunciada ni investigada por la Fiscalía.
Además, que el monto del predio es alto porque han pasado casi diez años desde que se expropió y se deben pagar intereses de mora. Y aunque la Lonja del Valle tasó el bien en 2.100 millones, los abogados advirtieron que ese precio estaba errado porque era mucho menor incluso al avalúo catastral: 6.500 millones de pesos.
A eso se une el hecho de que los propietarios tienen cuantiosas deudas laborales y con el fisco derivadas de la expropiación.
“Ángel Jaime Grajales, uno de los dueños, murió a los 80 años en total pobreza”, aseguran.
Fuente: El Tiempo.com
Imagen tomada de: El Tiempo.com
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