En Buenaventura pagaron dos veces por un mismo puente
Contraloría condenó a contratista, interventores y funcionarios del Invías por $ 8.338 millones.
La Contraloría General condenó fiscalmente a contratistas, interventores de una obra y a altos funcionarios del Invías por un proyecto en Buenaventura en el que se terminó pagando dos veces por la construcción de un mismo puente.
Los responsables fiscales tendrán que responder por la suma de 8.338 millones de pesos.
Se trata de las obras para construir el puente El Piñal, clave porque conecta a Buenaventura con el centro del país, y que va camino de convertirse en uno de los mayores ejemplos de corrupción e ineficiencia en las obras públicas.
En teoría, se trataba de una obra de 7.792 millones de pesos que el Instituto Nacional de Vías (Invías) entregó en el 2007 al consorcio privado CF-C-116 y que debía estar lista en un año.
El puente es uno de los puntos estratégicos de la vía entre Buenaventura, el principal puerto del país, y la población de Buga, ambas en el Valle del Cauca. La unión temporal recibió como anticipo 3.808 millones y luego un avance por otros 3.599 millones “por concepto de un avance de obra que nunca se concretó”, dice la Contraloría.
Finalmente, el puente se entregó en el 2014, pero fue necesario contratar a un nuevo constructor y, además, Invías no hizo trámite alguno para recuperar la plata con la que el contratista inicial se quedó irregularmente. Por eso la Contraloría acaba de condenar fiscalmente, por un monto de $ 8.338 millones de pesos, a 5 exfuncionarios de Invías, a las firmas Construcciones CF Ltda. y Construcciones Civiles y Portuarias S.A. y al interventor del contrato, Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda.
Según el expediente, los dineros entregados equivalen hoy a más de 8.000 millones. Se cuestiona que a pesar de que las obras no fueron entregadas, la interventoría y el mismo Invías les dieron la bendición a pagos millonarios por obras que no existían.
La Contraloría dice que “la interventoría conocía de las irregularidades que se venían presentando en la ejecución del contrato y sin embargo aprobó las modificaciones del mismo en contravía de lo que establecía allí y en los pliegos de condiciones”. De hecho, se comprobó que se hicieron modificaciones al contrato para que el consorcio constructor no tuviera que legalizar (esto es, demostrar el avance de la obra) el 50 por ciento del anticipo sino solo el 1 por ciento.
Los exfuncionarios de Invías Juan Gabriel Berón Zea, secreterio general técnico de Invías, y Carlos Julio Romero Antury, subdirector de la Red Nacional de Carreteras, fueron condenados fiscalmente y tendrán que responder por la plata que perdió el Estado. A Berón Zea lo responsabilizan directamente por firmar el contrato y la modificación que permitió la no amortización del anticipo.
Romero Antury, por su lado, solicitó por escrito que se autorizara la modificación. Y, dice la Contraloría, “igualmente suscribió y autorizó las actas de avance parcial, incluidas aquellas donde supuestamente se recibía a satisfacción una parte de la obra que nunca fue ejecutada”.
Y agrega que “a través de sus acciones y omisiones contribuyeron a la pérdida de los recursos por los que ahora están llamados a responder fiscalmente”. Otros funcionarios que tenían a su cargo verificar sobre el terreno cómo avanzaba la construcción del puente también están en líos con la Contraloría.
Para la época de los hechos el director de Invías era Daniel García Arizabaleta, dirigente vallecaucano que terminó destituido por posesionarse en varios cargos públicos a pesar de que no cumplía con los requisitos de ley y que ha sido salpicado por el escándalo de Odebrecht.
Fuente: http://m.eltiempo.com/justicia/investigacion/corrupcion-en-buenaventura-con-un-puente-que-pagaron-dos-veces-236530
Imagen tomada como referencia.