Los jóvenes son las principales víctimas de los accidentes de tránsito
“La accidentalidad vial, y en especial los accidentes en moto, son un problema de salud pública que debe ser enfrentado con toda determinación. Es una prioridad porque cobra más de 7.000 vidas de personas sanas cada año y genera enormes costos al país”.
Con estas palabras, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, califica una problemática que tiende a salirse de las manos si no se controla de manera interdisciplinaria.
Aunque las estadísticas sobre mortalidad están actualizadas y se acercan a la realidad, lo cierto es que, en el caso de los lesionados y los costos en términos económicos (3,6 billones de pesos, entre sistema de aseguramiento en salud y el sistema pensional) y años de vida saludable perdidos, aquellas son dispersas.
Un estudio hecho por Fasecolda para el 2016 estimó que solo el régimen contributivo de salud tuvo que atender 314.000 víctimas, de las cuales 34.000 requirieron incapacidades. Dicho estudio aclara que solamente se contaron incapacidades superiores a tres días porque estas son las que pagan las EPS.
En el campo de la salud por asistencia médica se aprecia la tendencia creciente desde el 2014, a tal punto que para el 2016 –sumados al de las incapacidades– se alcanzó un costo aproximado de 82.000 millones de pesos, de los cuales 55.631 millones fueron destinados a hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, medicamentos y rehabilitación; un 20 por ciento más de lo requerido en el 2015.
Respecto a las incapacidades, solo en el régimen contributivo, la accidentalidad vial genera el 32 por ciento del total de este componente del sistema.
César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, manifiesta que es un dato absolutamente preocupante si se tiene en cuenta que la mayoría de las incapacidades podrían prevenirse con medidas relacionadas con la seguridad vial, que dependen del Ministerio de Transporte.
“Es hora de que desde este sector se preste atención al impacto que causan las grietas regulatorias en este aspecto y que afectan de manera seria las escasas finanzas del sector de la salud”, dice Burgos, no sin antes aclarar que las pólizas obligatorias para cubrir esos riesgos no son una justificación.
Al número de muertes referenciadas por el ministro Uribe (más de 7.000) hay que agregarle que la mayoría ocurren entre personas jóvenes, hombres y en edad productiva, lo que se traduce –según Burgos– en un peso importante en la carga de la enfermedad del país porque junto con las incapacidades son un factor determinante en la pérdida de años de vida saludable.
Incapacidades y lesiones
En ese sentido, el estudio de Fasecolda demuestra que más de la mitad (52 por ciento) de las personas lesionadas en accidentes de tránsito requieren más de 10 días de incapacidad para su recuperación y cerca del 1 por ciento superan los 180 días.
Si lo anterior se proyecta al campo pensional, el análisis de Fasecolda concluyó que solo el 36,7 por ciento de las personas calificadas con invalidez permanente generada por un accidente de tránsito tenían derecho a una pensión, y menos de la cuarta parte (24,1 por ciento) de los fallecimientos generaron el derecho a una pensión de sobrevivencia.
Para el 2016, las pensiones por invalidez alcanzaron 185.393 millones de pesos y las de sobrevivencia, 313.484 millones de pesos. Al hacer la inferencia para el mismo año se demostró que las víctimas le costaron al país aproximadamente medio billón de pesos. Y aquellas que fallecieron le costaron 1,3 billones de pesos adicionales.
Si bien el estudio de Fasecolda detalla el impacto de la accidentalidad sobre el régimen contributivo, hay que aclarar que este representa algo menos de la mitad de número total de afiliados, porque para el mismo año de análisis (2016), los accidentes de tránsito dejaron en su totalidad 770.000 víctimas, con 7.368 muertes.
Al revisar, el costo anual generado por esta accidentalidad, representado en desembolsos del Soat (seguro obligatorio de accidentes de tránsito) y la subcuenta respectiva de la Adres (Administradora de Recursos de Salud), superó los 1,5 billones de pesos.
Al detallar demográficamente a los afectados, se encuentra que el mayor nivel lo tiene el grupo de hombres entre los 15 y los 29 años de edad, con el agravante de que el 66,6 por ciento de los lesionados quedan con pérdidas permanentes de su capacidad laboral entre el 5 y el 15 %.