Seguimiento infraestructura: ¿cómo van las obras 4G?
En la coyuntura actual de alta radicalización política, el sector de infraestructura ha estado en el ojo del huracán debido a los escándalos de corrupción. Con razón, la opinión pública está consternada sobre el impacto de los sonados casos de Odebrecht-Ruta del Sol II y los malos manejos técnicos-financieros del Túnel de la Línea. Más recientemente, este contagio de ñoños-musas ha empezado a tener impacto sobre la propia tecnocracia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Esta situación no podría ser más infortunada después de los grandes esfuerzos institucionales que se hicieron, durante 2010-2014, para haber armado el ambicioso “paquete” 4G con inversiones cercanas a los $40 billones durante el próximo quinquenio. De allí la importancia de blindar a la ANI y a la FDN frente a amenazas de captura política. Hoy se teme tanto por la velocidad de implementación de la ola-1 (con supuestos picos de ejecución durante 2018-2020) como por la magnitud y alcance de las olas 2-3.
Anif ha venido señalando que, infortunadamente, el Estado tan solo asumió parcialmente las delicadas tareas de la “tramitomanía” referidas a: i) la adquisición de predios por donde irán las vías; ii) la obtención de las licencias ambientales (ahora agravadas por el surgimiento de “consultas territoriales” en proyectos mineros, pero que bien podrían extenderse a los proyectos de infraestructura, dependiendo de las interpretaciones que se le den a la Sentencia C-273 de 2016 de la Corte Constitucional-CC); y iii) las negociaciones con las comunidades, en muchas ocasiones convirtiéndose en verdaderos focos de “extorsión” al Estado, bien por el montaje ficticio de dichas comunidades o por su fraccionamiento.
Si bien se han hecho avances regulatorios, por ejemplo, con la expedición de la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura), el Decreto 2041 de 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014- 2018, es evidente que prevalecen serios obstáculos institucionales. Los cronogramas originales se han afectado y de allí la importancia de llegar a conocer el detalle de sus potenciales atrasos.
Adicionalmente, la opinión pública tiene la errada idea de que estos programas 4G le permitirían a la economía colombiana empezar a crecer, casi de forma inmediata, a tasas del 5% o del 6% por año. Lo primero que cabe aclarar es que la crisis minero-energética del período 2014-2017 estará ocasionando una desaceleración en el potencial de crecimiento de nuestro PIB-real, pasando del histórico 4,5% a cerca del 3% por año. Esto quiere decir que buena parte de los impulsos de inversión provenientes de las 4G se estará destinando a “recuperar” parte de ese potencial.
Dicho de otra manera, lo más probable es que la economía colombiana tan solo logre acelerar el crecimiento de sus pobres registros cercanos al 2% anual durante 2016-2018 hacia el rango 3%-4% por año durante 2018-2020. Allí las 4G, propiamente dichas, explicarían cerca de un 0,5% anual de dicha aceleración, siendo el restante explicado por el beneficio del posconflicto, mayor demanda agregada, entre otros, siempre y cuando continúe la mejoría en el precio del petróleo Brent hacia umbrales de US$55-65/barril durante 2017-2018.
Pese a todo lo anterior, se ha logrado el cierre financiero (definitivo) de gran parte de las obras programadas para la ola-1 de concesiones 4G (9 proyectos, requiriendo inversiones cercanas a los $12 billones). Sin embargo, va quedando claro que la participación del sector bancario local a ritmos del 50% del financiamiento no luce prudente de replicar prospectivamente.
En este informe pasaremos revista sobre el estado actual de los proyectos 4G en sus diferentes fases de pre-construcción-construcción, cerrando con algunas consideraciones sobre su financiamiento. Como veremos, el grueso de los proyectos viene cumpliendo con su cronograma. Sin embargo, persisten obstáculos relacionados con la triada de problemas de infraestructura (predios, licencias ambientales y consulta previa). En efecto, 21 proyectos se encuentran actualmente al día en sus cronogramas (el 66% del total de 32 proyectos adjudicados) al corte de junio de 2017 (cifras más recientes), ver gráfico 1. En los 9 casos (28%) de proyectos con atrasos, los inconvenientes han tenido que ver con los problemas de consultas previas (por ejemplo, en Mulaló- Loboguerrero y en la ruta CesarGuajira) y controversias-técnicas (como las registradas en Conexión Pacífico 1). Veamos todo esto con mayor detalle.
Fuente: https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/seguimiento-infraestructura-como-van-las-obras-4g-2559239
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