El futuro de las 4G tras el escándalo de Odebrecht
Para Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los últimos días no han sido fáciles. La Procuraduría General de la Nación le abrió indagación preliminar –junto con otros funcionarios investigados– por el contrato Ruta del Sol 2 y los otrosí que se firmaron –en especial el de la adición de la vía Ocaña-Gamarra–, al tiempo que ha tenido que atender entrevistas con la Fiscalía para aclarar su participación en estos casos.
Pero no son los únicos temas que debe enfrentar Andrade, tras develarse el caso de corrupción de Odebrecht en el país, que tiene en jaque varios proyectos emblemáticos, como la Ruta del Sol 2 y la navegabilidad del Río Magdalena. En este último caso, al cierre de la edición, se conoció que el banco Sumitomo decidió no financiar la obra. Navelena tiene hasta el 22 de febrero para conseguir los recursos o ceder el contrato, de lo contrario se declararía la caducidad.
El panorama para Andrade y el Gobierno es cada vez más retador. El año pasado 8 proyectos tuvieron cierre financiero por un valor de $13 billones, pero están pendientes por cerrar otros 24 que combinan la segunda y tercera ola de concesiones de cuarta generación (4G) y las iniciativas privadas.
Tras las denuncias, los bancos y entidades de financiación han extremado las alertas y el programa de infraestructura más ambicioso del país está en jaque: ya no solo se habla de riesgos ambientales o del impacto en las comunidades o sobre los descubrimientos arqueológicos, sino de un riesgo que no se había materializado, el reputacional.
Fuentes del sector financiero coincidieron en advertir que los cierres financieros pendientes –algunos programados para el primer trimestre y el resto a lo largo de 2017– se van a demorar y a complicar.
n entrevista concedida a Dinero en el marco de la Convención Anual de Tesorería, Santiago Castro, presidente de Asobancaria, advirtió con respecto a los cierres de 4G: “(los bancos) van a extremar medidas en los préstamos, pero más allá de las 4G que son mejor estructuradas con perfiles de riesgo más bajos, que contemplan más contingencias que una vía como la Ruta del Sol, que era de primera generación, yo creo que no se van a frenar los proyectos, pero se van a demorar más los cierres y creo que van a hacer una segunda revisión”.
Otra fuente asegura que “algunos de los proyectos no se habían cerrado por un problema eminentemente financiero, pues las cuentas en el retorno de inversión y las tasas se dificultaba. La tasa debe ser compensatoria del riesgo. Y a los riesgos ambientales y sociales les llegan ahora los reputacionales”.
En el corto plazo, Andrade y el equipo del Gobierno deben destrabar uno de los temas más complejos: el futuro del tramo 2 de Ruta del Sol, donde Odebrecht tiene 62,01% de participación; Episol –firma de Corficolombiana– posee 33%, y el Grupo Solarte cuenta con 4,99%.
Con deudas por cerca de $2 billones, el sistema financiero –que casi en su totalidad participó en la financiación de esta obra– está alerta por lo que le pueda pasar con estos recursos, tras la solicitud de nulidad del contrato por parte de la ANI ante el tribunal de arbitramento que está cursando en ese proyecto.
La situación de Ruta del Sol 2 con la declaratoria de nulidad del contrato genera una profunda controversia jurídica. Primero, porque declarado nulo se considera que el contrato mismo ni siquiera existió. Y segundo, porque aunque las normas han previsto la nulidad frente a casos de corrupción, ahora se materializó y no había precedentes de esta magnitud. Los financiadores hoy están preguntando cómo y cuál es el marco legal en el que les van a pagar y qué procede ahora en la medida en que hay un limbo jurídico complejo en el cual es el Gobierno el que tiene que entrar a generar una solución.
Todo indica que de la solución a esta situación dependerá en parte de que los bancos sigan participando en los cierres financieros de los proyectos de 4G e iniciativas privadas que aún están pendientes, especialmente después del golpe que recibieron los bancos a finales del año pasado, tras la intervención de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, y la deuda de la empresa con el sector financiero, que supera los $1,7 billones que, si bien está provisionada, sigue congelada. Eso sin perder de vista que en 2016 se produjo uno de los descalabros más grandes del sector infraestructura: Conalvías, donde los bancos renegociaron las deudas. Al cierre de esta edición, a Andrés Jaramillo, expresidente de la firma, se le imputaban cargos en el proceso del carrusel de contratos en Bogotá.
Además, Andrade debe cumplir la instrucción del presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de que no se pueden dejar de construir las obras fundamentales para el crecimiento de largo plazo, el empleo y la competitividad.
En el caso de Ruta del Sol tramo 2, Dinero conoció el esquema en el que se está trabajando y su filosofía es clara: darle una solución rápida al asunto, que permita pagarles a los bancos y liquidar el proyecto lo más pronto posible, para adjudicar rápidamente con el fin de continuar con la construcción. De lo contrario, si los bancos no obtienen respuesta, se dificultaría su relación con el sector de infraestructura.
De hecho, Corficolombiana expidió en la noche del pasado viernes 27 de enero un comunicado en el que advertía que: “ante el eventual escenario de la liquidación anticipada del proyecto Ruta del Sol Sector 2, Corficolombiana se encuentra trabajando intensamente en la búsqueda de soluciones que permitan salvaguardar los intereses de la Nación, de sus ciudadanos, del sistema financiero colombiano y extranjero, y de cualquier otro grupo de interés involucrado en el proyecto, entre estos, los de los accionistas minoritarios, como es el caso de Episol”.
Fuente: Dinero.com
Imagen tomada como referencia
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-pasara-con-las-4g-tras-escandalo-de-odebrecht-en-colombia/241530