La historia de un polémico contrato que enreda a la Alcaldía de Bogotá

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En un documento de apenas cuatro páginas, firmado el pasado 10 de febrero, cuando el alcalde Gustavo Petro aún no había sido destituido, se selló la polémica prórroga del contrato de trámites de tránsito con Servicios Integrales de Movilidad (SIM).

Dicho negocio está en la ‘mira’ de la Fiscalía y ahora la Alcaldía busca revertirlo al descubrir que es perjudicial para Bogotá.

Petro ha sostenido que todo se hizo a puerta cerrada en la Secretaría de Movilidad y que, cuando esa decisión salió a la luz pública, el 10 de abril, él se encontraba fuera de su cargo.

La ampliación del negocio hasta el 2022 lleva estampadas las firmas del representante del SIM, Luis Octavio Caicedo Sánchez, y la del entonces secretario de Movilidad, Rafael Rodríguez.

En esas cuatro hojas, conocidas el lunes por EL TIEMPO, tanto Caicedo como Rodríguez pactaron extender dicho contrato, que se vencía inicialmente en el 2016.

Por eso, a partir de esa fecha y durante seis años más, los privados obtendrán ingresos por 300.000 millones de pesos.

Las partes argumentaron que se vieron en la necesidad de ampliar el contrato de manera anticipada para que los privados puedan construir un centro de archivo con los registros de tránsito frente al hacinamiento del actual, en Álamos.

Según dicen, el problema de falta de espacio viene desde el 2011. En carpetas, allí están almacenados todos los trámites del parque automotor de Bogotá. “El inmueble destinado no suple las necesidades de espacio”, se lee en la modificación del contrato.

Aunque no se conocen los estudios, el SIM señala que dicha obra costará alrededor de 28.500 millones de pesos y se hará en ocho meses, en un predio ubicado en la calle 64C n.° 92-20. Pero ante la polémica desatada, por ahora no hay avances en el trámite de los permisos requeridos ante la curaduría.

Los concejales Carlos Vicente de Roux y María Fernanda Rojas, de Progresistas –y que contribuyeron a destapar el ‘carrusel’ de Samuel Moreno– fueron los primeros en lanzar advertencias sobre la inconveniencia de esta prórroga para los intereses de la ciudad.

Ante esas denuncias, la Administración tuvo que salir a reaccionar y el propio alcalde Petro le dio instrucciones a la nueva secretaria de Movilidad, María Constanza García, para deshacer ese polémico negocio.

El lunes, de hecho, en 'La W', la funcionaria insistió en que “el Alcalde no se dio cuenta” de la prórroga firmada en febrero e incluso reveló que en la Secretaría de Movilidad tampoco se discutió con la oficina jurídica.

“Si esta adición no obedece a los intereses (de la ciudad), la vamos a demandar”, anunció la secretaria.

La pelea promete agravarse y extenderse, pues en el SIM niegan que en la prórroga se hayan presentado hechos de corrupción o pagos de comisiones al exsecretario Rodríguez, quien ya rindió interrogatorio en la Fiscalía.

“La prórroga no es leonina, todo se hizo en derecho”, afirmaron delegados del SIM a este diario. Dijeron que si el Distrito los demanda, ellos también se defenderán judicialmente.

 

Fuente: El Tiempo.com 
Imagen tomada como referencia 
http://www.eltiempo.com/bogota/prorroga-del-contrato-de-tramites-de-transito-con-el-sim/14370141

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