La navegabilidad del río Magdalena queda en vilo
Los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia para obtener millonarios contratos de obras públicas, según confesó a la justicia estadounidense, constituyen una terrible afrenta a la institucionalidad y a los esfuerzos que buscan potenciar el desarrollo regional.
Urgen decisiones contundentes, pues queda la sensación de que el viejo anhelo de un río Magdalena 100% navegable ha quedado en medio de un juego del más turbio talante, a favor de los bolsillos de unos pocos. La recuperación de la navegabilidad del río, por el que transitó buena parte de nuestra historia, es una promesa latente para el desarrollo regional.
Con un recorrido que impacta al 63% de la población colombiana, la intervención resulta clave en tanto pueda activar las posibilidades del transporte intermodal y, de paso, la gran plataforma logística que está demandando la economía.
El proyecto de $2,5 billones para desarrollar obras hidráulicas y de encauzamiento a lo largo de 908 kilómetros entre La Dorada y Barranquilla fue adjudicado al consorcio Navelena S.A.S. y oficializado mediante la APP 001 de 2014. Aunque según Cormagdalena esa asociación ha permitido incrementar la carga transportada en un 58%, hoy afronta dos grandes dificultades: la concreción del cierre financiero y el escándalo por los confesos sobornos que habría pagado la brasileña Odebrecht, principal socio.
Después de una incertidumbre motivada por las investigaciones sobre corrupción que ya venía respondiendo Odebrecht en Brasil, y los reiterados llamados de atención del Gobierno colombiano, el consorcio logró la promesa de financiamiento del banco japonés Sumitomo Mitsui, por un monto de 250 millones de dólares, que terminó legalizando en la segunda semana de diciembre.
Pero justamente por esos días el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que investiga sobornos de la compañía brasilera en 123 países de América Latina y África, reveló que esta pagó 11 millones de dólares en nuestro país por la adjudicación de dos grandes contratos de obras públicas. Al menos 4,5 millones de dólares de esos sobornos fueron entregados entre 2012 y 2014, cuando justamente se adjudicaba el contrato del Río.
Hoy la incertidumbre se centra en si el banco japonés va a sostener la carta de crédito, que tiene una cláusula de rescisión por manipulación de información, y en qué terminarán los juicios abiertos en Estados Unidos y los que habrán de abrirse en Colombia para que respondan los funcionarios o empresarios que insinuaron, facilitaron o recibieron los sobornos. Pero corresponde a Cormagdalena entrar a revisar esta asociación público-privada por una clara razón de invalidez ética.
Si el contrato fue entregado mediante condiciones extralegales, como lo sugieren las confesiones de la propia compañía, no habría otro camino que pedir la cesión de la APP, o adjudicar el proyecto por obra pública o, inclusive, abrir un nuevo proceso licitatorio.
Unas opciones son más demoradas y podrían, en el caso de otra convocatoria, extender el inicio de este sueño colombiano por unos 18 meses más. Pero no podríamos mantener la actual opción, porque es, ni más ni menos, vergonzante.
Fuente: http://www.cmi.com.co
Imagen tomada como referencia
http://www.cmi.com.co/nacional/millonarias-perdidas-deja-cierre-por-derrumbe-de-la-via-buga-buenaventura/409448/