Ley de infraestructura: avance en competitividad
La Ley 1682 del 2013 proporciona herramientas para superar los principales cuellos de botella que afectan la agilidad y viabilidad de los proyectos de infraestructura de transporte.
Sienta bases para corregir la dispersión normativa, eliminar trámites innecesarios, mejorar la estructuración de proyectos, prevenir los litigios y construir una mejor arquitectura institucional que lidere las obras de infraestructura en todos los modos de transporte.
Los principales aportes de la ley son:
1. Mayores exigencias de planeación de los proyectos desde su etapa de estructuración, para identificar oportunamente obstáculos en el área de influencia de las obras.
2. Coordinación más efectiva entre la Nación y las entidades territoriales en la construcción de vías de la red secundaria o terciaria.
3. Precisión de asuntos contractuales para reducir litigios y costos de transacción de los proyectos. Se avanza en 6 aspectos: a) obligación de incluir cláusulas; b) cláusulas compromisorias para la solución de controversias; c) aclaración de cómo operan las APP; d) exigencia de abrir procesos de selección; e) inclusión del concepto de unidades y f) exigencia a los contratistas de trabajo a tres turnos.
4. Eliminación de obstáculos prediales, ambientales, de redes y de permisos mineros.
5. Desarrollo institucional del sector de infraestructura de transporte mediante facultades para crear la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte, y la Unidad de Planeación del Sector Transporte.
El trámite de la Ley 1682 ha generado expectativas ante el inicio de la cuarta generación de concesiones de infraestructura vial, por un valor de 47 billones de pesos, a través de 46 proyectos con cobertura en 24 departamentos que pretenden transformar más de 8.000 kilómetros de vías.
Fuente: Portafolio.co