Los 4 hechos que amenazan con el avance del plan de infraestructura
El ambicioso plan del Gobierno Nacional puesto en marcha hace dos años para modernizar la infraestructura vial, aeroportuaria, férrea y portuaria del país y que tendrá inversiones por 60 billones de pesos está en riesgo de parálisis o la suspensión de proyectos.
Cuando se pensaba que podrían ser los cierres financieros los que impedirían los proyectos, ahora cuatro hechos más amenazan contra el avance de las obras. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, como cabeza del sector, los denunció en Cartagena, en el primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de Negocios.
Estos hechos son el conflicto de competencias entre la autoridad ambiental nacional y de licencias con las regionales, la gestión predial, las consultas previas y la inseguridad jurídica.
Conflictos de competencias y diferencias en criterios jurídicos frente a una misma norma entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y, sobre todo, las corporaciones autónomas regionales (CAR) han llevado a parar proyectos después de tener la licencia ambiental.
Acaba de suceder con la suspensión de la licencia que la Anla había otorgado para un nuevo puerto de graneles en el golfo de Morrosquillo y el director de la Corporación Valle del Sinú ordenó suspender. “No somos enemigos del sector ambiental (...) no pretendemos que digan a todo sí, pero que sean razonables”, dijo Vargas Lleras, quien afirmó que las CAR “fueron atrapadas por la politiquería y la corrupción”. Urgió para hacer una reforma de estas corporaciones y sus competencias.
Con la ley de infraestructura y su reglamentación se había logrado que los procesos de gestión predial se agilizaran en tiempos y entregas. Sin embargo, se ha comenzado a advertir que jueces están burlando los tiempos establecidos de los 15 días para ordenar las entregas anticipadas de los predios, cuando los dueños no aceptan las ofertas comerciales de las entidades que requieren los terrenos para los proyectos.
Un ejemplo es el proyecto vial Córdoba-Sucre, donde un juez local demoró un año en ordenar la entrega efectiva del inmueble. Por lo anterior, Vargas Lleras informó que el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, trabaja en un nuevo proyecto de ley que fijará medidas al respecto.
La falta de reglamentación de los términos, tiempos y costos de las consultas previas ordenadas con comunidades indígenas y afrodescendientes cuando las afecta un proyecto han facilitado que se hayan distorsionado en sus fines.
El mecanismo lo están usando también otros grupos y a través de la consulta están haciendo exigencias no relacionadas con el proyecto. Esto genera costos adicionales que pueden retardar o parar una obra.
Le ocurrió a la concesión de la vía Córdoba-Sucre, que hizo la consulta previa con las 5 comunidades que certificó el Ministerio del Interior, pero un año después de iniciar los trabajos, por tutela, un juez ordenó pararlos por no haber consultado un supuesto sexto grupo indígena que no existía al iniciar la obra.
Fuente: El Tiempo.com
Imagen tomada como referencia
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/trabas-en-ampliacion-de-la-infraestructura/16667595