Túnel de la Línea y Ruta del Sol: dos obras que necesitan 'apurarle' con inteligencia
La relación comercial que existe o alguna vez existió entre el gobierno colombiano yOdebrecht –y que se ha convertido en una verdadera tormenta en los últimos meses por cuenta del soborno en Ruta del Sol tramo 2– debe terminar de forma inmediata y en los mejores términos. Así se lo han hecho saber en los últimos días las entidades responsables, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Contraloría General de la República, al gobierno nacional.
El llamado era previsible, teniendo en cuenta que está en juego no solo la credibilidad del Ejecutivo para contratar la infraestructura que se necesita con urgencia, sino la competitividad del país. Dos asuntos que no son de poca monta y de los cuales casi no se habla por estos días.
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Pero tampoco es tiempo de precipitar las cosas a cualquier precio. Debe evitarse esa excesiva prontitud que es considerada una gran virtud por todos aquellos que ven en cualquier demora un retroceso. Esto último lo resumió el Emperador Augusto en dos palabras: “Apresúrate lentamente”.
“Si por un afán desmedido se cierra un acuerdo de manera inadecuada o se liquida un contrato sin tener en cuenta todas las consecuencias y aristas, el resultado puede ser peor al que inicialmente suscitó ese ‘divorcio’”, explicó un abogado cercano a uno de los procesos de liquidación de contrato.
Es por eso que Dinero le cuenta cómo va la liquidación de los contratos Ruta del Sol 2 y Túnel de la Línea.
Ruta del Sol 2
El pasado 22 de febrero el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, firmó el documento con el cual se terminó de mutuo acuerdo el contrato celebrado en el año 2010 entre el Gobierno y el concesionario Ruta del Sol S.A, responsable de ampliar de dos a cuatro carriles el trayecto de 528 kilómetros que hay entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
Los principales motivos que precipitaron esta negociación fueron que no se cumplió con lo establecido en la Ley 80, específicamente los artículos 44 y 45, que enumeran las causales de nulidad absoluta de un contrato. “Los contratos con el Estado son absolutamente nulos cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal”, establece la Ley.
Fuente: Dinero.com
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