El Estado tiene la obligación de garantizar que el tránsito por las vías del país no ponga en riesgo la vida ni la integridad de quienes las utilicen.
Esa es la esencia de la condena que acaba de decidir la Sección Tercera del Consejo de Estado contra la Nación por la muerte, en octubre de 1996, de un camionero que ‘cogió’ un hueco, de acuerdo con el informe forense, con 1,50 por 1,30 metros de superficie, por 22 centímetros de profundidad.
